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La Dirección General de Costas de Granada quiere desmantelar 25 hectáreas de invernadero en El Pozuelo y La Rábita, que genera de 3 a 5 millones de kilos de producción hortofrutícola y una facturación anual que ronda los 5 millones de euros.  De cumplir este propósito el gobierno central dejaría en paro a unas 130 familias que viven de lo que cultivan desde hace más de 40 años.

Como reacción a esta iniciativa de Costas, se ha creado la denominada Plataforma para la Defensa del Litoral de La Rábita y El Pozuelo.  José Manzano como portavoz de la misma junto a José Muñoz presidente de ECOHAL y el asesor jurídico José Carlos López Pérez, han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar el caso.

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Los agricultores afectados vieron como sus tierras se las tragaba el mar en la década de los 60 y principios de los 70 debido a la fuerte erosión que sufrió esta zona del litoral. Tras la riada del 1973, se volvieron a recuperar como consecuencia de la lengua de tierra que se conformó en la zona marítimo terrestre que gestaron las ramblas Huarea y Albuñol.

Según la ley, el que pierde su tierra por la invasión del mar no puede volver a recuperarla. Esto significa que desde el año 73, época que volvieron a recobrar los terrenos perdidos, hicieron productivas casi 25 hectáreas de tierra que eclosionaron en la zona de playa de El Pozuelo y La Rábita por la aportación de los áridos que dejaron la riadas.

Cuarenta años después Costas decreta el desmantelamiento inmediato de toda esta zona playera de invernaderos para realizar un paseo marítimo y otras actuaciones no concretadas en los Presupuestos Generales del Estado.

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La Plataforma solicita de la Administracion Central un nuevo deslinde en el que se compatibilicen las obras a realizar con los invernaderos y que hasta en tanto en cuanto no se lleven a acabo el proyecto de costas, dejen a los agricultores con su producción agrícola.

José Carlos López Pérez afirmó en la cita informativa de que la alcaldesa de Albuñól le ha dado la espalada a sus vecinos y que la única ayuda que tienen es la del parlamentario y motrileño Carlos Rojas y la de su homólogo almeriense Gabriel Amat. Ambos dialogan con Costas en Madrid para encontrar una solución satisfactoria que por ahora se plantea complicada ya que el desmantelamiento de los invernaderos es inminente.

Lo curioso de todos esto es que los agricultores afectados han venido construyendo escolleras delante de sus tierras para que el mar no se las tragara, con la consiguiente sanción de Costas por haberlas realizado sin su permiso.  Ante ello la reflexión es obvia si no se hubiera hecho estas defensas marítimo terrestres, en la actualidad no habría tierra sino mar y por tanto no habría caso.